La mejora de la seguridad jurídica en Perú favorece la inversión
Desde el inicio de la década de 1990, el Perú ha sido objeto de profundas reformas legales que han buscado brindar una mayor seguridad jurídica a los agentes de la economía en el país. Con la nueva Constitución de 1993, se instauró una política de protección al inversionista, contemplando la celebración de contratos ley (art. 62 de la Constitución Política del Perú) mediante los cuales el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades a los agentes con los que celebre dichos contratos. En la misma línea, el marco normativo peruano contempla la figura de los Convenios de Estabilidad Jurídica, mediante los cuales se ofrece a los inversionistas una seguridad especial referida a la estabilidad en las normas tributarias del país y a la estabilidad en el tipo de cambio de divisas que regirá para cada inversionista en particular (Decreto Legislativo 662, art. 10).
De la misma manera, la Constitución garantiza la igualdad de condiciones tanto para inversionistas nacionales como para inversionistas extranjeros (art. 63 de la Constitución Política del Perú), lo cual ha generado, sumado a las facilidades comentadas en el párrafo anterior, un incremento exponencial en la inversión extranjera en el país en los últimos 25 años, pasando de un total de US$3,084 millones en inversión extranjera directa en 1994 (según datos de la CEPAL) a un pico de US$11,918 millones en el año 2012 (según datos de Proinversión).
No obstante el panorama mencionado, el Perú es aún una economía emergente, por lo que debe mantenerse activo en la generación de nuevas normas que garanticen y protejan al sistema contra la corrupción y el lavado de activos.
De acuerdo a lo mencionado en el párrafo precedente, un ejemplo de estas normas es la Ley N° 30313 publicada en el presente año 2015, donde se dispuso que, a partir de ahora, sólo los notarios que ejerzan jurisdicción en la provincia donde se vaya a realizar una compraventa de inmueble podrán realizar las actuaciones notariales referidas a la disposición de los mismos, a diferencia del régimen anterior donde dichas compraventas podían ser oficializadas por cualquier notario del país. Esta medida busca mitigar la corrupción y la falsificación de documentos, fortaleciendo el tráfico y circulación de los bienes inmuebles. Adicionalmente, existen otras normas como la Ley Penal contra el Lavado de Activos o la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera que también buscan una mayor transparencia en la economía del Perú, sirviendo como mecanismos de prevención contra la corrupción y el lavado de activos.
En ese sentido, a la vista de lo expuesto en la presente nota, se puede concluir que el Perú goza de cimientos jurídicos sólidos que ofrecen seguridad a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros para que operen en el Perú. No obstante ello, ante la creciente sofisticación de los inversionistas mundiales y dado que el Perú es aún una economía emergente, el país debe mantenerse proactivo en la modernización de su legislación, adaptándola continuamente para así ofrecer seguridad jurídica también en aquellos sectores de la economía que son más demandados en la actualidad.
Práctica Latinoamericana de Garrigues
