Garantía de la Unidad de Mercado
Se ha publicado el anteproyecto de la anunciada Ley de Garantía de la Unidad de Mercado que analizó el Consejo de Ministros en su reunión del pasado 25 de enero.
Según lo anunciado por el Gobierno, esta Ley pretende terminar con la actual fragmentación normativa que, mediante el establecimiento de distintos requisitos en las legislaciones comerciales de cada una de las Comunidades Autónomas, dificulta la competencia efectiva entre los operadores, impide oportunidades que ofrecen las economías de escala en un mercado de mayores dimensiones, desincentiva la inversión y por lo tanto dificulta el crecimiento económico y el empleo.
En el marco de la unificación normativa europea, la norma pretende establecer la unidad de mercado en todo el territorio nacional, para crear un entorno más favorable a la competencia y la inversión.
Las principales medidas que se pretenden establecer son (i) la implantación de una licencia comercial única, válida para todo el territorio español; (ii) la creación del Consejo para la Unidad de Mercado que está formado por representantes de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y deberá impulsar cambios para la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado y velar por la efectiva integración de los registros sectoriales; (iii) la regulación de mecanismos de cooperación entre Administraciones Públicas; y (iv) el establecimiento de un procedimiento ante la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para la impugnación de los actos administrativos que obstaculicen la libre circulación de productos y servicios.
En definitiva, la iniciativa del Gobierno trata de desactivar la sobreabundancia normativa mediante una simplificación administrativa que tiene un doble objetivo, buscar una mayor seguridad jurídica en los mercados a fin de incentivar la inversión nacional y extranjera, pero también tener claro impacto macroeconómico. Según las previsiones del Gobierno, la unidad del mercado tiene un efecto directo sobre la reducción de las cargas administrativas que se ha estimado en un 35% para la creación de empresas, reducción que representa el 0,97% del PIB. Además, el Gobierno estima que la liberación de los recursos destinados a las cargas administrativas permitirá un aumento del trabajo productivo del 2,07% respecto del empleo total y, en el largo plazo, redundará en un crecimiento adicional del PIB del 1,52%.
Puedes encontrar más sobre derecho administrativo aquí
