El Tribunal Constitucional avala la reforma laboral
Recientemente se ha publicado la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 16 de julio de 2014 por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Navarra contra la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, esto es, contra la reforma laboral.
En concreto, el Tribunal Constitucional ha entrado a conocer sobre tres de los aspectos más polémicos de la referida Ley, a saber: (i) el periodo de prueba de un año previsto para los contratos de trabajo indefinidos de apoyo a los emprendedores, (ii) la posibilidad de sometimiento a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órganos autonómicos equivalentes en caso de no alcanzarse un acuerdo en un procedimiento de descuelgue de convenio, y (iii) la prioridad aplicativa, en determinadas materias, de los convenios de empresa sobre los sectoriales.
La sentencia declara la validez de dichos aspectos fundamentándose principalmente en el contexto económico en el que se encontraba España en el momento de la publicación de la norma. En particular, el Tribunal garante de la Constitución concluye que la medida legislativa es constitucional por cuanto ha sido “adoptada en un contexto de grave crisis económica con una elevada tasa de desempleo”.
En concreto, una de las cuestiones más polémicas de la reforma, como fue la posibilidad de establecer un periodo de prueba de un año en los contratos de apoyo a los emprendedores, queda justificada en el objetivo de hacer atractiva la contratación a las empresas y así poner coto a la dramática situación del empleo. Asimismo, el Tribunal Constitucional declara que las condiciones establecidas por el legislador para que se pueda tener acceso a este tipo de contratación coadyuvan al buen fin de la medida legislativa; medida, recordemos, que se mantendrá en vigor únicamente mientras la tasa de desempleo no sea inferior al 15%.
No obstante, a pesar de la importancia del fallo dictado, deberemos aguardar a comprobar si la batalla judicial iniciada contra la Ley 3/2012, de 6 de julio, toca a su fin con esta sentencia, por cuanto determinadas organizaciones sindicales han manifestado su intención de seguir batallando judicialmente, incluso acudiendo a los tribunales internacionales.
Departamento de Laboral de Garrigues
Comparto algunas opiniones sobre la referida sentencia.
Un sector de la doctrina laboralista ha considerado como polémica esta sentencia. Sin embargo, si hacemos algo de historia, creo que esta sentencia no merece dicho calificativo. En este sentido, más polémica sería la sentencia dictada sobre el llamado caso Rumasa, la cual dio lugar a que el presidente del Tribunal Constitucional tuviera que ejercer su voto de calidad con el fin de resolver el empate que se había producido en su seno. A lo cual hemos de añadir que hubo sospechas de que el sentido del voto del presidente del Tribunal Constitucional fue cambiado por presión del propio presidente del Gobierno. Por tanto, la sentencia gustará más o menos, lo cual es lógico, pero no merece que se diga que la misma rompe la independencia del Tribunal Constitucional.
Tampoco estoy de acuerdo con quienes dicen que con esta sentencia ha habido un giro cualitativo o, mejor dicho, con la intención con que dicen “giro cualitativo”. No es la primera vez que el Tribunal Constitucional modifica su criterio sobre una determinada cuestión. Así, podríamos citar las sentencias dictadas sobre la formación en el empleo. De hecho, algún autor, como Rojo Torrecilla o algún magistrado del Tribunal Constitucional así lo ha considerado, véase en este sentido los votos particulares emitidos por Asua Batarrita. Sin embargo, esto ha pasado desapercibido para la doctrina laboralista. Me llama la atención que Valdés Dal Ré que tanto hincapié hace aquí en el apartamiento de la sentencia 119/2014 respecto a de la sentencia 11/1981, hasta dieciséis veces alude a esta última sentencia y, por el contra, en las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre la formación en el empleo omite referirse a la sentencia 95/2002.
En este sentido, de la lectura del voto particular y de cierto sector de la doctrina, parece que solo hay una lectura de la Constitución. De ser así, entonces la sentencia sobre matrimonios entre personas del mismo sexo hubiera tenido que tener otro sentido y sobre esta cuestión también recomiendo un voto particular, el que emitió sobre el referido asunto de matrimonios entre personas del mismo sexo Aragón Reyes.
En el voto particular se hace critica a la comisión consultiva nacional de convenios colectivos. Así se indica que “estos organismos, todos ellos, tienen una indiscutible naturaleza pública, al margen de que entren o no en el catálogo de los organismos administrativos. Pública es su creación; pública es su financiación; público es su sostenimiento y público-institucionales son las funciones que han venido ejerciendo hasta ahora”. Sin embargo, retomando el asunto de la formación en el empleo, no se han hecho esas observaciones respecto a los órganos.
Se critica el papel que se atribuye a la comisión consultiva nacional de convenios colectivos en la resolución de conflictos laborales, considerando que ello es una intromisión en un asunto privado entre dos partes. Pero olvida que no estamos ante dos verdaderos particulares, si fuera así, entonces las organizaciones sindicales no tendrían reservado un puesto en tantos organismos de idéntica naturaleza a referida comisión consultiva nacional de convenios colectivos, ni tampoco habría financiación pública por esa participación. Si para determinadas cuestiones son algo más que un particular, no puede ser que para otras pretenda ser un ciudadano de a pie.
Olvida Valdés que el sistema que se ha creado para la resolución de esos conflictos guarda un gran equilibrio, más aún del que existe en otros ámbitos. Volviendo nuevamente a la formación en empleo, nos encontramos que allí existe una fundación, la Fundación Tripartita, donde las organizaciones sindicales no solo están en el patronato de la misma, sino que también tienen unos trabajadores que aunque los paga la Fundación, prestan sus servicios para las organizaciones sindicales, que esas organizaciones están no solo presentes en los órganos donde se toman acuerdos, aunque estos se denominen, órganos consultores sino que incluso pueden presentar sus propios planes de formación. Esto es, pueden decidir sobre lo que ellas mismas presentan con la ventaja de que conocen de antemano que se va a decidir. Si tendrá importancia esta cuestión que como se ha leído en la prensa, el Tribunal de Cuentas acaba de emitir un informe en el cual critica que en la composición del patronato de la Fundación Tripartita no tenga mayoría la Administración, siendo como es, una fundación del sector público. Ello tiene su importancia debido a que hasta ahora la Administración estaba en minoría en las votaciones, venciendo así las propuestas de organizaciones sindicales y empresariales. Parece que en el nuevo modelo se reforma esta cuestión, lo cual no ha sido del agrado de dichas organizaciones, lo cual, no se comprende si realmente es un mero órgano consultor, puesto que más me da los que representante que yo tenga si mi voto es nada. Aquí alegan que recientemente el Tribunal Constitucional ha avalado este sistema, es decir, el mismo Tribunal que defenestran para el tema de la reforma laboral. Qué curiosa forma de opinar según son mis intereses. Incluso ellas tan sensibles en el asunto del presidente del Tribunal Constitucional, olvidan la recusación que presento un ciudadano contra Valdés alegando precisamente los trabajos que realizo para la extinta Forcem (no olvidemos que la Fundación Tripartita sucedió a Forcem) y su posible afiliación a la organización UGT, lo cual no es criticable siempre y cuando no sea lo de otros.
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Auto.aspx?cod=23945
También creo que el voto particular parte de ideas preconcebidas. Por ejemplo, el hecho de que el denominado contrato de emprendedores establezca un periodo de prueba de un año va a conllevar que el empresario se aproveche de dicha circunstancia y, cuando dicho contrato este cerca del cumplimiento de dicho año, el empresario procederá a su inmediata extinción con independencia de si sigue necesitando a ese trabajador. Ello en ocasiones podría ser así pero creo que no lo será en la gran mayoría de los casos. En este sentido, creo que todo ello siempre va a depender de que realmente exista necesidad, de que haya trabajo. Por ejemplo, se insiste mucho en que la formación sirve para crear empleo, sin embargo, las menores tasas de desempleo se alcanzaron en el gran auge de la construcción, donde se procedió a la contratación de trabajadores sin importar lo más mínimo que careciesen de formación. De nada vale ser doctor en matemáticas en medio del desierto, esto es, sino existen empresas donde puedas desarrollar esos conocimientos. Valdés vincula exclusivamente el periodo de prueba al conocimiento de las aptitudes y formación del trabajador, lo cual, creo, en parte es cierto, pero como he dicho, no es lo único para lo que debe valer el periodo de prueba. Como no haya viabilidad, da igual la formación que tengas.
Las ideas en el papel pueden resultar lógicas pero la realidad demuestra en muchas ocasiones lo contario. Así, en el papel, pensaríamos que la incorporación de organizaciones sindicales y partidos políticos en los consejos de administración de las cajas de ahorro conlleva que los intereses de los ciudadanos estén mejor atendidos. Pero la realidad nos ha demostrado lo contrario. El opinar en el papel crea ilusiones que no siempre se cumplen. Al final ha resultado que los bancos dirigidos por profesionales del sector no han creado problemas.
Por otro lado, guste o no, no pueden equiparase la situación entre un empresario y un trabajador puesto que uno es el que contrata para lo cual, pone su dinero. Comprobamos que las organizaciones sindicales que tan críticas son con la idea beneficio, sin embargo, en la materia de formación en el empleo, se garantizan un porcentaje de beneficio. Esto es, todos esos cursos de formación no se hacen a riesgo y ventura de las organizaciones beneficiarias de las ayudas por formación sino que se establece un porcentaje de beneficio, denominado, gastos de difícil justificación, que ha llegado incluso a ser del 20% de la ayuda concedida. Eso no acontece en los proyectos empresariales que son siempre a riesgo y ventura. Nada está garantizado. Por tanto, ese desequilibrio siempre va a existir.
Creo que la parte del sector laboralista que tanto carga contra esta sentencia, ignora complemente la realidad empresarial española. Parece que considerasen que todas las empresas de España tuviesen el poder de Apple cuando lo cierto es que la inmensa mayoría de las empresas de España son de pequeñas en todos los aspectos, esto es, no solo en número de trabajadores sino también de recursos, puesto que ya sabemos que existen empresas con escasos trabajadores pero de un gran potencial. La mayor parte de esos empresarios solo quieren mantener su proyecto empresarial y, de este modo, contar con unos trabajadores que hagan reales dicho propósito. Y esto es con independencia de lo que diga el Estatuto de los Trabajadores. Lo mismo que la mayor parte de los trabajadores quieren trabajar y para ello no necesitan que a ello les obligue nadie.
Opino que hay poco aprecio hacia los empresarios españoles en el voto particular. En relación a ello, tengo que decirle que más de un empresario español, pese a la escasez de sus medios, han conseguido triunfar al más alto nivel, derrotando a empresas extranjeras que tenían más medios. Esto lo pongo debido a que, lamentablemente, gran parte de la doctrina laboralista que es tan crítica con las empresas, no han conseguido que las Universidades españolas tengan una posición relevante. Y que no me digan que es la escasez de medios o que existe un tradicional olvido a las Universidades españolas, puesto que, como he dicho, hay empresarios españoles que sin casi medios han logrado crear una empresa que sea la número uno mundial para su sector de actividad. Creo que ello se debe a que esos empresarios parten de menos ideas preconcebidas y de un gran conocimiento de la realidad, esto es, conocen lo que ocurre en los fogones, que es lo que le falta a tanto profesor universitario.